Logo de la CVR. Fuente: Google Imágenes (calidad mejorada con IA Zyro).

Durante las décadas de los ochenta y noventa, la organización subversiva Sendero Luminoso (PCP-SL) cometió una larga serie de atentados terroristas y crueles crímenes que desangró a los departamentos más pobres del país. Esta violencia se incrementó con la estrategia contra-subversiva adoptada por los gobiernos de turno, dejando miles de víctimas inocentes. Cuando en los años noventa se logró la captura de las cúpulas de SL y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), lo que fue utilizado por el gobierno de Fujimori para posicionarse como vencedor de lucha contra el terrorismo y legitimar el autoritarismo del régimen. 

Se considera que este periodo llegó a su fin en noviembre del 2000, cuando se dio la vacancia de la presidencia de Alberto Fujimori, lo que dio paso a un gobierno transitorio. Es en este contexto que se retomó una propuesta que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos venía exigiendo desde 1998: la creación de una comisión de la verdad (Heilman, 2018). De este modo, el 4 de junio de 2001 se creó la Comisión de la Verdad, más adelante ampliada como Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

Inicialmente estuvo compuesta por siete comisionados, pero meses después se incrementó a doce personas: Salomón Lerner, Carlos Iván Degregori, Rolando Ames, Alberto Morote, Sofía Macher, Carlos Tapia, Beatriz Alva, Enrique Bernales, Teniente Luis Arias Graziani, Monseñor José Antúnez de Mayolo, Reverendo Gastón Garatea, Pastor Humberto Lay. Cada uno representando a diversos sectores (políticos, académicos, periodistas, religiosos, activistas de los DDHH y un militar), aunque con la gran ausencia de campesinos, quechuahablantes o comunidades nativas (Heilman, 2018).

El mandato oficial de la CVR fue analizar la violación de derechos humanos ocurridas en el Perú entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, determinar la escala de la violencia, evaluar responsabilidades y recomendar reformas al sistema político peruano. Además de ello, la comisión incorporó dentro de sus actividades: la investigación a profundidad de algunos casos, la preparación de informes jurídicos y un trabajo de concientización sobre el “conflicto armado interno”. La CVR quería establecer los lineamientos para evitar la repetición de la violencia, sentar las bases para la obtención de justicia y centrándose en la memoria de las víctimas. Desarrollaron sus actividades a lo largo de 26 meses, recogieron más de 16 mil testimonios y recopilaron documentación para fundamentar cada uno de los casos investigados (Aguirre, 2009, p. 145; Heilman, 2018).

Siguiendo el ejemplo de la comisión de la verdad sudafricana, la CVR apostó por generar un espacio para que las víctimas y sus familiares sean quienes cuenten sus experiencias. En ese sentido, más de 400 testimonios fueron brindados a través de las Audiencias Públicas que se realizaron en distintos departamentos y fueron transmitidas en señal abierta para todo el país (Macher, 2021). Además, la exposición fotográfica Yuyanapaq buscó transmitir los horrores del terrorismo buscando conmover e impactar al público. Otro hito importante fue la publicación del Hatun Willakuy, una versión abreviada del Informe Final destinado a lograr una mayor difusión entre el público. Así como este, diversas instituciones publicarnos resúmenes o extractos del Informe Final, para así lograr un mayor alcance de sus contenidos.

Todo el trabajo de la CVR quedó materializado en el Informe Final que fue entregado el 15 de agosto de 2003. Se trata de 9 tomos dedicados a distintos aspectos del conflicto armado interno, explicando los orígenes del conflicto, investigando a profundidad más de 70 casos y analizando distintos grupos sociales que fueron afectados durante este periodo. Además, proveyó 171 conclusiones en las que señalaron a Sendero Luminoso como el causante inmediato y fundamental del conflicto armado interno (c12), advirtieron la poca comprensión de los gobiernos para un adecuado manejo del conflicto (c38), se reconoció el esfuerzo llevado a cabo por las fuerzas armadas para enfrentar a la subversión (c54) y que, en determinados momentos y lugares, las fuerzas armadas incurrieron en sistemáticas violaciones a los derechos humanos (c55). Además, revelaron que a pesar de no tratarse de un conflicto de origen étnico, la mayoría de las víctimas tenía un claro perfil: campesinos, quechuahablantes y pobres de los departamentos de la sierra centro-sur del Perú, siendo Ayacucho el departamento más afectado (Heilman, 2018). 

El trabajo de la CVR permitió la identificación de 4664 fosas clandestinas, de las cuales solo se conocían 50 hasta antes del Informe Final (Heilman, 2018). Además, se estimaron un total de 69 280 víctimas fatales, lo que superó ampliamente las estimaciones previas. Este punto fue resaltado por Salomón Lerner durante la ceremonia:

En efecto, los peruanos solíamos decir, en nuestras peores previsiones, que la violencia había dejado 35 mil vida perdidas. ¿Qué cabe decir de nuestra comunidad política, ahora que sabemos que faltaban 35 mil más de nuestros hermanos sin que nadie los echara de menos? (Lerner, 2003)

La recepción de la CVR fue polarizante, por un lado, estuvieron quienes la consideraban demasiado laxa con Sendero Luminoso y en excesiva crítica contra las Fuerzas Armadas. Otros cuestionaron la noción de “reconciliación”, aduciendo que este concepto implicaba olvidar los crímenes cometidos por terroristas y militares. Mientras que las organizaciones defensoras de los derechos humanos reconocieron a la CVR como un gran avance para el esclarecimiento de la verdad y con limitaciones propias de un trabajo realizado en corto tiempo (Heilman, 2018). Las Fuerzas Armadas no se mostraron del todo contentas con el Informe Final, por lo que más adelante publicaron sus propias investigaciones sobre la “época del terrorismo”: En honor a la verdad (2010) y Del Mar de Grau por la Pacificación Nacional (2017). 

Cabe señalar que todos los testimonios (grabaciones, transcripciones o resúmenes), documentos trabajados, fotografías, entre otros materiales, fueron centralizados por la Unidad de Documentación creada por la CVR. Esto con el fin de recolectar y proveer a cada área de la comisión con fuentes documentales de diverso soporte. Según explica Ruth Borja (2021, p. 280), la CVR produjo cuatro series archivísticas:

  • Testimonios. Un total de 16,917 folderes con las declaraciones de víctimas, prisioneros y otros personajes.
  • Audiencias públicas. Con 21 eventos realizados en diversos departamentos del Perú.
  • Sitios de entierro. Compuesto por 1055 folders que identifican hasta 4644 lugares.
  • Estudios a profundidad. Correspondiente a 19 áreas temáticas trabajadas por la comisión.

Tanto el material recolectado, como el producidos durante el funcionamiento de la CVR fueron transferidos a la Defensoría del Pueblo y ahora forman parte del Centro de Información por la Memoria Colectiva y Derechos Humanos de dicha entidad. Esto como consecuencia de uno de los mandatos establecidos por la propia comisión, para garantizar la difusión de sus resultados. Dicho material quedó bajo estricta reserva, especialmente se protege la identidad de los entrevistados y se limita el acceso que puede tenerse a las entrevistas a solo procesos judiciales. Aunque más adelante se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que posibilitó el acceso a este archivo y que creó el Centro de Información, aunque es cierto que no todo el material puede ser consultado en respeto a la voluntad de cada testimoniante (Aguirre, 2009, pp. 138-139).

Informe final de la CVR:

Actividades realizadas por la CVR:

Publicaciones derivadas del Informe final de la CVR:

Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). Informe Final: Perú, 1980-2000. Lima: UNMSM, PUCP.

Instituto de Democracia y Derechos Humanos (2008). Un pasado de violencia, un futuro de paz: 20 años de violencia, 1980-2000. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. (Acceso 2)

Instituto de Democracia y Derechos Humanos (2013). Conclusiones generales del Informe Final de la CVR. 2a ed. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. (Acceso 2)

Secretaría Nacional de la Juventud (2012). Historias representativas de la violencia en el Perú: La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima: Ministerio de Educación.

Secretaría Nacional de la Juventud (2012). Lo que no se debe repetir: Las Universidades y la violencia política en el Perú: Enseñanzas para la juventud peruana. Lima: Ministerio de Educación.

Otros recursos afines:

Referencias bibliográficas:

Aguirre, Carlos (2009). ¿De quién son estas memorias? El archivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, (46), 135-165.

Borja, Ruth E. (2021). Utilisation of the archives of the Peruvian Commission for Truth and Reconciliation (CVR). En: Archives and Human Rights (pp. 277-287). Routledge.

Cárdenas, Abel (2023, 28 de mayo). El legado de la CVR: 20 años después los casos por violación de DD.HH. se abren paso en la vía judicial. Ojo Público.

Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). Cómo leer el Informe Final. En: Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final: Perú, 1980-2000 (t. 1, pp. 17-27). Lima: UNMSM, PUCP.

Heilman, Jaymie (2018, 25 de junio). Truth and Reconciliation Commission of Peru. Oxford Research Encyclopedia of Latin American History. 

Lerner, Salomón (2003, 28 de agosto). Discurso de presentación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Macher, Sofía (2021). Prohibida la tristeza. Vida cotidiana y estrategias de resistencia de mujeres en cautiverio por Sendero Luminoso, Satipo, Junín [Tesis de posgrado]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Macher, Sofía (2014). ¿Hemos Avanzado? A 10 años de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Ragas, José (2013). Los historiadores y el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú, 2003-2013). Argumentos, (4).

Sánchez, Juan Martín (2005). Hatun Willakuy, importancia del relato en la política. Nueva sociedad, (197), 54-68.

Créditos: Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social; Defensoría del Pueblo; Pontificia Universidad Católica del Perú; Red Científica Peruana; Portal Direitos Humanos; ISSUU; Biblioteca General y Aula Virtual del Ejército; Archivo Histórico de la Marina.

Elaborador: CPH